Desde el 2018, el Perú cuenta con el Decreto Legislativo N° 1352 que incorpora seis nuevas modalidades de delito referidas a la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Asimismo, este decreto aplica para las entidades del estado y a las empresas privadas. Además, este nuevo decreto plantea que las organizaciones son responsables por los actos de sus empleados y representantes e incluye las sanciones para las personas jurídicas por el delito de cohecho activo (soborno) transnacional. También se establece que para minimizar el riesgo ante los delitos tipificados, se debe implementar un modelo de prevención que promueva el cambio de la cultura interna en la organización y que considere las normas de buen gobierno corporativo. Por esta razón, el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ofrece esta diplomatura orientada a la formación de profesionales capacitados para afrontar los desafíos vinculados a los aspectos legales y de integridad empresarial.